SGAE: "La propuesta del PP sobre el canon es descabellada"
El partido de Rajoy pidió ayer en el Senado cambios en la Ley de Propiedad Intelectual que podrían acabar con la tasa remuneratoria.
Inexplicable, descabellada, no meditada, contraria a los derroteros por los que está discurriendo el derecho de autor en la UE. Son los calificativos que la SGAE dedica a la proposición presentada ayer por el PP en el Senado para modificar la Ley de Propiedad Intelectual. Los cambios, de resultar aprobados, impedirían la aplicación del canon que grava el precio de CDs y DVDs como consecuencia de la pérdida de ingresos que sufren los autores por el uso de estos soportes. España, según la sociedad de gestión de derechos, se colocaría así a la altura de países que tienen el derecho de autor desprotegido.
En septiembre de 2003 entró en vigor un acuerdo firmado por la patronal de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) y las entidades de gestión de derechos de autor por el que fijaban la imposición de un canon a todos los soportes digitales vírgenes. La justificación que hacen estas entidades del canon, como remuneración para resarcir la pérdida de ingresos de los autores, es que la mayoría de los CD se utilizan para copiar canciones.
Numerosos colectivos han denunciado este canon que eleva el precio de los soportes de grabación sea cual sea el uso que se les vaya a dar. Hasta ahora se habían manifestado en su contra organizaciones de consumidores, asociaciones de ingenieros informáticos, colectivos de internautas o el Consejo General de la Abogacía. También partidos políticos como Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, a los que se une ahora el PP, que ha pedido en el Senado que no se aplique esta tasa, que considera indiscriminada.
Una tasa indiscriminada
Las entidades gestoras de los derechos de autor han manifestado además su intención de extender el canon a los discos duros, a los módems e incluso a las líneas de ADSL,
"medidas que lo único que harían es alejarnos de esa universalización y democratización de las nuevas tecnologías que nuestro país debe tener como meta prioritaria", afirman desde el PP. Este partido ha presentado en el Senado una Proposición de Ley para modificar la Ley de Propiedad Intelectual de forma que no se aplique canon a los programas de ordenador, equipos informáticos, conexiones a Internet, CD y DVD, así como cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento o reproducción digital.
Según el PP, el canon es una tasa indiscriminada, pues ha de pagarla tanto el que quiera hacer una copia privada de una obra musical o videográfica, como el que quiera tener archivadas sus fotos personales o el que quiera hacer una copia de seguridad de los documentos que guarda en el ordenador de su lugar de trabajo. En opinión del partido de Mariano Rajoy, se trata de una de esas trabas que "lo único que hacen es ralentizar nuestro despegue hacia la sociedad del conocimiento". En el texto de la proposición, el Grupo Popular constata que "España necesita consolidar los avances tecnológicos de la sociedad de la información y extender sus beneficios a todos los ciudadanos es una premisa que ninguna institución, ningún grupo político pone ya en duda".
SGAE: No tiene ninguna posibilidad de prosperar
Desde la Sociedad General de Autores (SGAE), Pedro Farré, director del gabinete de gobierno corporativo, señala que la propuesta legislativa del PP no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque no tienen el apoyo del resto de grupos parlamentarios, porque levantaría en armas a todo el sector, y porque me consta que en el propio PP la presentación ha causado sorpresa e indignación, los propios responsables de cultura no sabían nada.
La sociedad de gestión de derechos considera lamentable que cuando lo que debería preocupar a los políticos es la aplicación de la ley vigente, la erradicación de un fenómeno tan grave como la piratería física y digital, un grupo de senadores saqueuna proposición de ley que pretende desproteger el derecho de autor.
Si el artículo se aprobara, prosigue el sistema de remuneración compensatoria por copia privada desaparecería, algo descabellado porque existe desde hace décadas en toda Europa, y España no creo que deba alinearse con países que desprotegen el derecho de autor, colocándose a la altura de países que tienen el derecho de autor infraprotegido. Es lo que quiere la asociación de internautas, ¿pero es eso lo que quieren nuestros políticos?, se pregunta Farré.,
Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, calificaba ayer la iniciativa de "positiva y muy bienvenida" y asegura que "demuestra que el debate y la lucha desde la Red va a trasladarse al Parlamento". Además, explicó que ahora los partidos "tendrán que posicionarse, al contrario que en el pasado", y pidió a los grupos que "la apoyen".
Cadenaser
Inexplicable, descabellada, no meditada, contraria a los derroteros por los que está discurriendo el derecho de autor en la UE. Son los calificativos que la SGAE dedica a la proposición presentada ayer por el PP en el Senado para modificar la Ley de Propiedad Intelectual. Los cambios, de resultar aprobados, impedirían la aplicación del canon que grava el precio de CDs y DVDs como consecuencia de la pérdida de ingresos que sufren los autores por el uso de estos soportes. España, según la sociedad de gestión de derechos, se colocaría así a la altura de países que tienen el derecho de autor desprotegido.
En septiembre de 2003 entró en vigor un acuerdo firmado por la patronal de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) y las entidades de gestión de derechos de autor por el que fijaban la imposición de un canon a todos los soportes digitales vírgenes. La justificación que hacen estas entidades del canon, como remuneración para resarcir la pérdida de ingresos de los autores, es que la mayoría de los CD se utilizan para copiar canciones.
Numerosos colectivos han denunciado este canon que eleva el precio de los soportes de grabación sea cual sea el uso que se les vaya a dar. Hasta ahora se habían manifestado en su contra organizaciones de consumidores, asociaciones de ingenieros informáticos, colectivos de internautas o el Consejo General de la Abogacía. También partidos políticos como Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, a los que se une ahora el PP, que ha pedido en el Senado que no se aplique esta tasa, que considera indiscriminada.
Una tasa indiscriminada
Las entidades gestoras de los derechos de autor han manifestado además su intención de extender el canon a los discos duros, a los módems e incluso a las líneas de ADSL,
"medidas que lo único que harían es alejarnos de esa universalización y democratización de las nuevas tecnologías que nuestro país debe tener como meta prioritaria", afirman desde el PP. Este partido ha presentado en el Senado una Proposición de Ley para modificar la Ley de Propiedad Intelectual de forma que no se aplique canon a los programas de ordenador, equipos informáticos, conexiones a Internet, CD y DVD, así como cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento o reproducción digital.
Según el PP, el canon es una tasa indiscriminada, pues ha de pagarla tanto el que quiera hacer una copia privada de una obra musical o videográfica, como el que quiera tener archivadas sus fotos personales o el que quiera hacer una copia de seguridad de los documentos que guarda en el ordenador de su lugar de trabajo. En opinión del partido de Mariano Rajoy, se trata de una de esas trabas que "lo único que hacen es ralentizar nuestro despegue hacia la sociedad del conocimiento". En el texto de la proposición, el Grupo Popular constata que "España necesita consolidar los avances tecnológicos de la sociedad de la información y extender sus beneficios a todos los ciudadanos es una premisa que ninguna institución, ningún grupo político pone ya en duda".
SGAE: No tiene ninguna posibilidad de prosperar
Desde la Sociedad General de Autores (SGAE), Pedro Farré, director del gabinete de gobierno corporativo, señala que la propuesta legislativa del PP no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque no tienen el apoyo del resto de grupos parlamentarios, porque levantaría en armas a todo el sector, y porque me consta que en el propio PP la presentación ha causado sorpresa e indignación, los propios responsables de cultura no sabían nada.
La sociedad de gestión de derechos considera lamentable que cuando lo que debería preocupar a los políticos es la aplicación de la ley vigente, la erradicación de un fenómeno tan grave como la piratería física y digital, un grupo de senadores saqueuna proposición de ley que pretende desproteger el derecho de autor.
Si el artículo se aprobara, prosigue el sistema de remuneración compensatoria por copia privada desaparecería, algo descabellado porque existe desde hace décadas en toda Europa, y España no creo que deba alinearse con países que desprotegen el derecho de autor, colocándose a la altura de países que tienen el derecho de autor infraprotegido. Es lo que quiere la asociación de internautas, ¿pero es eso lo que quieren nuestros políticos?, se pregunta Farré.,
Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, calificaba ayer la iniciativa de "positiva y muy bienvenida" y asegura que "demuestra que el debate y la lucha desde la Red va a trasladarse al Parlamento". Además, explicó que ahora los partidos "tendrán que posicionarse, al contrario que en el pasado", y pidió a los grupos que "la apoyen".
Cadenaser
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LOLA RODRÍGUEZ
SEVILLA
Un bufete de abogados con 300 demandas civiles en el juzgado de lo Mercantil, tiene que pagar a la Sociedad General de Autores 0,28 euros por cada juicio que graba, como compensación por el derecho a la copia privada aunque se trate de la grabación de un acto público. Dicho así suena a broma de mal gusto. Pero que se lo digan a Joaquín Moeckel: «haciendo un cálculo rápido, estamos pagando 130 euros a la SGAE por la grabación de un acto público».
Desde su entrada en vigor a principios del 2008, la nueva Ley de Protección Intelectual recoge en su artículo 25, el abono del polémico canon digital. Una tasa que, en el caso del CD, grava su precio casi en un 50 por ciento.
El abogado sevillano Joaquín Moeckel ha presentado una demanda ante el juzgado de lo Mercantil número 1 para que reconozcan su derecho a no pagar un canon que, en su caso, considera «injusto», ya que no emplea los discos para realizar copias de registros privados sino para dejar constancia de actos públicos, en concreto juicios civiles. Se trata sólo de una reclamación de 2,8 euros cobrados por ley por el comercio en el que adquirió un paquete de 10 CD pero el asunto es mucho más trascendente. Moeckel va más allá y augura que no deben pagar este gravamen los hospitales públicos que usan los soportes digitales para grabar operaciones o cualquier otro tipo de profesionales que tengan que realizar grabaciones públicas».
La demanda de Moeckel cuenta con precedentes en Madrid, Canarias y en la Audiencia Provincial de Málaga. En el caso insular, la sentencia obligó a un comercio a devolver 0,88 céntimos de euro por la compra de cuatro Cds por parte de un abogado. En Sevilla, Moeckel quiere que el juez reconozca que el canon auspiciado por la SGAE para contrarrestar los ingresos que deja de percibir por las copias privadas de trabajos musicales y películas, no es aplicable a su caso, ya que su bufete emplea los discos compactos para grabar los juicios civiles, de carácter público. «Imponen el canon por copia privada para todo el que compra un cd sin saber para qué los va a utilizar cada uno». El letrado insta «a todos los profesionales del Derecho de España a que pidan su factura desglosada con el importe del canon y que denuncien» al mismo tiempo que se pregunta «por qué la SGAE no impone un canon a los folios, ¿no les importa que copie a mano una canción o una novela?. Le están poniendo un canon al progreso, y pronto, además de los CDs, también habrá que pagar por los discos duros, las impresoras, los equipos telemáticos...».
Moeckel demuestra que su actividad no contraviene la Ley de Protección Intelectual «por eso demando a la empresa que me ha vendido el material con el objetivo de que me devuelvan el dinero». El abogado muestra una factura por la compra de diez cd, en la que al precio de cada unidad, 0,45 céntimos de euro, se añaden 0,28 de canon. El precio sin canon es de 4,50 euros y el canon supone un incremento de 2,80 euros. Con lo que el importe final, una vez añadido 1,17 euros del IVA, asciende a 8,47 euros. «Podrían acusarme de contribuir al colapso del juzgado de lo Mercantil por unos céntimos de euro, pero en verdad son los de la SGAE los que perjudican obligando a pagar el canon a quien no tiene por qué hacerlo. Es injusto que me cobren el canon digital porque yo no voy a copiar nada». Por tanto, «es necesario crear la conciencia general de que no podemos presumir de culpabilidad, ni de cual será el destino de las cosas, porque en España la presunción es de inocencia».
Carlos Menéndez
http://www.creditomagazine.es